En una ceremonia efectuada la víspera en el Capitolio Estatal en Phoenix, Ducey además veto una tercera iniciativa que hubiera igualado las leyes de armas de Arizona a las de otras entidades.

Promulgó la propuesta HB 2338 que prohíbe a las autoridades escolares, desde la primaria hasta las universidades, impedir a alguien poseer legalmente un arma mortal en una vía pública adyacente al campus de una escuela.

Durante el debate de la iniciativa en la legislatura estatal, los promotores de la propuesta explicaron que esta era una respuesta a las preocupaciones sobre la limitación de los derechos a las armas que se imponen a conductores que circulan cerca de las escuelas.

Ducey promulgo también la iniciativa SB 1266, que declara la invalidez de cualquier regulación de armas emitida por los gobiernos locales que viole los estatutos estatales en la materia, impidiendo así a las ciudades y condados el regular las armas.

La nueva ley autoriza a las cortes estatales el multar a las ciudades o condados con hasta 50 mil dólares en caso de llegar a emitir alguna regulación a las armas de fuego.

Además de que autoriza también a los individuos afectados por alguna de estas regulaciones el interponer demandas contra los gobiernos locales.

“Estoy complacido de formar las iniciativas SB 1266 y HB 2338 – dos leyes que protegen nuestros derechos de la Segunda Enmienda”, dijo Ducey en un comunicado.

“A principios de este año que firmaron el Proyecto de Ley 2224 (transacciones privadas de armas de fuego; gravámenes prohibidos), lo que refuerza mi compromiso de permitir la intercambio de armas de fuego sin la intrusión del gobierno y he firmado otras legislaciones de armas de fuego, con el compromiso de salvaguardar nuestras libertades”, indicó.

En la ceremonia, Ducey vetó la iniciativa de ley HB 2524 que habría permitido a Arizona el unirse a un acuerdo con otros estados para desarrollar leyes de transferencia de armas de fuego uniformes.

Bajo estos acuerdos multiestatales, los Estados miembros no pueden imponer ninguna tasa, impuesto o regulación de la transferencia de armas de fuego a cualquier persona por encima de lo que requiere la ley federal.

“No veo ninguna razón para Arizona de atarnos a las decisiones de otros estados en las políticas públicas relacionadas con la transferencia de armas de fuego”, dijo Ducey en su declaración.