Activistas pro Dream Act reaccionaron con reserva ante el fallo de un juez del Condado Maricopa que otorga a los Dreamers beneficiados con la acción diferida acceso a matrículas como residentes estatales en colegios.
El Estado – que no se ha pronunciado al respecto- podría apelar la decisión del juez y continuar, si decide, la demanda para excluir a los estudiantes “soñadores” de tarifas como residentes.
El costo por crédito en los colegios comunitarios de Maricopa para un estudiante regular es de 84 dólares, los Dreamers -aún aquellos que tienen su visa de trabajo y seguro social- pagan 325. Pero el fallo del juez podría cambiar la situación.
El juez Arthur Anderson resolvió el martes que los estudiantes beneficiados con el programa de acción diferida pueden pagar colegiaturas como cualquier otro estudiante con papeles migratorios que es residente del estado.
Tras varias semanas de haber escuchado a las dos partes involucradas en una demanda sobre las colegiaturas para los Dreamers presentada por el ex procurador general de Arizona, Tom Horne contra los Colegios Comunitarios del Condado Maricopa, el juez Arthur Anderson resolvió que la ley federal determina el estado migratorio de una persona no el Estado.
La demanda se originó en 2012 tras de que el ex fiscal estatal argumentara que los Dreamers –con visa de trabajo y tarjeta de seguro social otorgada por la administración federal- no podían obtener beneficios estatales a causa deuna ley aprobada por los electores que impide a indocumentados acceso a servicios y beneficios pagados por los contribuyentes.
Sin embargo, el juez consideró que la Proposición 300 no aplica a los Dreamers con DACA debido a que éstos poseen una protección otorgada por el gobierno federal.
“El Estado no puede establecer subcategorías de presencia legal”, señaló en su veredicto el magistrado.
La decisión se produce un día después de que la junta de regents de las universidades anunciaron una propuesta para proporcionar una tarifa reducida de no residente a los Dreamers.
El plan de los regentes sería sometido a votación para el 4 de junio próximo.
La justicia de nuestro lado
Para la activista Dulce Matuz la justicia en este caso esta del lado de los estudiantes “soñadores”. “Esta decisión nos da la razón de que siempre estuvimos en lo correcto y aunque tarde pero la justicia siempre llega”, declaró.
Matuz dijo que esta decisión tiene el potencial de hacer cambios en las instituciones educativas toda vez que se les brinda a los estudiantes “soñadores” las herramientas para implementar colegiaturas Justas.
Celebró la decisión como una victoria para los estudiantes e invitó a la comunidad a sumarse a la causa. Matuz advirtió, sin embargo, que es muy probable que el Estado decida continuar con la demanda.
“Los politicos se llenan la boca diciendo que están para proteger las leyes y honrar la Constitución pero cuando la Constitución está del lado de la comunidad inmigrante hacen hasta lo imposible para socavar cualquier argumento de justicia”, declaró.
Por su parte, Erika Andiola, miembra de la Coalición de Soñadores de Arizona, señaló: “una vez más hemos visto la justicia en nuestro estado. Fue lo correcto (la decisión del juez) y ahora miles de Dreamers tendrán la habilidad de seguir sus sueños”.