Rosa Robles Loreto, de 42 años, se trasladó a la Iglesia Presbiteriana Southside en agosto de 2014 tras recibir la orden de abandonar el país.

No hay una regulación bajo las leyes federales que prohíba a los agentes arrestar a inmigrantes en una iglesia, pero es una práctica que por lo general evita el gobierno.

El caso de esta mexicana comenzó cuando fue detenida por una infracción de tránsito hace cinco años y entregada a la Patrulla Fronteriza. Su abogado solicitó indulgencia y la suspensión de la deportación en vano antes de que ella buscara refugio en la iglesia.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas anunció a principios de este año que Robles Loreto no era una prioridad de deportación, pero su abogado dijo que aún era inseguro para ella dejar la iglesia.

“Buscaremos cualquier posibilidad adicional que esté en el mejor interés de Rosa y hoy sabemos que ella está completamente segura de dejar la iglesia y regresar a una vida más normal”, dijo el miércoles Sarah Launius, una de sus portavoces.

El caso de Robles Loreto es único porque toda su familia está viviendo en Estados Unidos sin autorización.

El gobierno ha garantizado clemencia para los migrantes cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses como parte de la política del presidente Barack Obama para tratar de mantener a las familias juntas, pero familias como la de Robles Loreto se han dejado de lado aun cuando sus hijos han vivido en este país toda su vida.

Los jóvenes podrían beneficiarse de una expansión de un programa cuya finalidad es protegerlos de la deportación a pesar de que sus padres hubieran llegado al país sin permiso legal.

La expansión del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) habría bajado el requisito de edad mínima, pero ahora está en suspenso tras el fallo de un juez federal en Texas. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó el lunes ese fallo.

La Iglesia Presbiteriana Southside ha ofrecido refugio a los inmigrantes desde la década de 1980, cuando una oleada de centroamericanos huyó de las guerras civiles en sus países.

Robles Loreto tenía amplío apoyo en Tucson, con decenas de miles de carteles con su foto colocados en jardines y negocios. La Junta de Supervisores del condado Pima y el Consejo de la ciudad de Tucson aprobaron resoluciones exhortando al gobierno federal a proporcionar clemencia.