Según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos el domingo en un comunicado, la negativa de parte del gobierno de atender las recomendaciones de esta entidad hizo que los miembros de la organización “Familia Pasta de Conchos” se reunieran con el titular de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, y le expusieran varias quejas así como su deseo de que los cuerpos de los mineros sean recuperados.

El 19 de febrero de 2006, una explosión en la Mina Pasta de Conchos dejó 65 trabajadores muertos y varios heridos en el norteño estado de Coahuila. Nunca se recuperaron los cuerpos de los fallecidos.

Familiares de las víctimas, trabajadores y habitantes de varios municipios de estado pidieron a González Pérez que les apoye en sus gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciaron “agresiones violentas” por parte de personas que dicen ser enviados por quienes controlan las minas y que, según los denunciantes, ya han costado una vida.

También presentaron una queja porque nuevas excavaciones mineras ponen en peligro sus viviendas.