Eso podría alimentar la campaña del aspirante a la candidatura republicana a la presidencia Donald Trump y crear problemas para la precandidata demócrata Hillary Clinton y el presidente Barack Obama.

Este otoño llegaron de Centroamérica a la frontera más del doble de familias y menores sin acompañante que el año pasado, según los últimos datos. Las cifras podrían subir aún más a partir de febrero y principios de la primavera, cuando suelen aumentar las llegadas, y quizá eclipsar los números que produjeron la crisis de 2014.

Estas preocupaciones fueron un factor para que el Departamento de Seguridad Nacional, en estrecha colaboración con la Casa Blanca, iniciara una serie de redadas contra migrantes en varios estados durante las fiestas de fin de año, reuniendo a 121 personas para deportación. En algunos casos, las detenciones se hicieron durante redadas sorpresivas de madrugada que sembraron el miedo en las comunidades migrantes y enfurecieron a algunos aliados demócratas del presidente.

“Que la gente tenga miedo de abrir la puerta a extraños, no vaya a trabajar, etcétera, no es una novedad saludable”, afirmó la representante federal demócrata Zoe Lofgren, de California, que el martes tenía previsto acudir a una rueda de prensa donde varios colegas demócratas en la cámara presentarían una carta firmada por unos 90 legisladores pidiendo el fin de las redadas.

Logfren dijo compartir la preocupación de una nueva crisis fronteriza centroamericana, pero al igual que otros demócratas alegó que debe tratarse a los migrantes como refugiados. Muchos huyen de la brutal violencia de pandillas en El Salvador, Honduras y Guatemala, los mismos países donde la violencia y la inestabilidad obligaron hace dos años a mujeres y niños a emprender el peligroso viaje hacia el norte, abrumando las instalaciones estadounidenses y produciendo perturbadoras imágenes de niños asustados hacinados en instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

Estas imágenes siguen frescas en la memoria de los legisladores y evitar que se repitan es una prioridad. En esta ocasión, las fotografías llegarían en medio de una campaña presidencial en la que la inmigración ya es un tema clave. Trump insiste en que deportaría a cualquier persona sin permiso de residencia, mientras que los senadores Ted Cruz de Texas y Marco Rubio de Florida, también aspirantes a la candidatura republicana, intercambian acusaciones sobre quién tiene el mejor historial en este asunto.

Una nueva crisis fronteriza no haría más que avivar estas disputas y pondría a la defensiva a la Casa Blanca y posiblemente a Clinton.

Los funcionarios del gobierno dicen estar mejor preparados que en 2014 para una nueva oleada, lo que incluye más capacidad para alojar a menores. Pero el gobierno tiene herramientas limitadas para hacer frente a la situación. El gobierno ha redoblado su publicidad en países centroamericanos para advertir sobre los peligros del viaje y señalan a un gasto de 750 millones de dólares a fin de año para ayudar a esos países.

Las autoridades también defienden las polémicas redadas, criticadas por Clinton y los otros aspirantes a la candidatura presidencial demócrata al tiempo que eran elogiadas por Trump, que también se atribuyó parte del mérito de que se realizaran.

Aunque los demócratas ponen en duda que estas operaciones disuadan a mujeres y niños desesperados, personal de la Casa Blanca dijo que la iniciativa está en línea con las nuevas recomendaciones sobre deportación presentadas por el gobierno, que priorizan a los delincuentes y recién llegados. Todos los afectados por las redadas llegaron después de 2014 y habían agotado sus opciones legales.

“Nuestro deseo es dejar claro que los individuos no deben embarcarse en el peligroso viaje desde América Central a la frontera suroeste, es algo que hemos intentado comunicar de diversas formas”, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest.

“Sólo después de que los individuos hubieran agotado las opciones legales a su disposición… se tomó una decisión de expulsarlos”, añadió.

Estas explicaciones no convencen a activistas como Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina para Derechos Humanos en Georgia. Varias de las redadas se hicieron en el estado de Georgia, y circulan historias sobre agentes de inmigración que daban golpes en las puertas y reunían a las familias.

“La gente está muy confusa, no saben qué está ocurriendo”, dijo Nicholls. “No estamos contentos con Obama”.

El propio Obama complació a muchos latinos al tomar acciones ejecutivas en 2014 para proteger a millones de personas de la deportación, aunque ese plan se impugnó después ante un tribunal y está pendiente de resolución.

La orden ejecutiva fue un cambio radical después de al principio de su mandato se conociera al presidente como “deportador en jefe” por unas cifras récord de expulsiones durante su presidencia, consideradas como un esfuerzo finalmente infructuoso de convencer a los republicanos de que aprobaran una amplia reforma de las leyes migratorias.

Ahora, los demócratas vuelven a cuestionar la estrategia de la Casa Blanca, que a cambio se ha visto sorprendida por la fuerte reacción de algunos de sus aliados.

“No estoy segura de lo que intentan conseguir”, comentó la representante federal demócrata Linda Sánchez, de California, presidenta de un grupo de parlamentarios hispanos conocido en español por su nombre oficial de Caucus Hispano en el Congreso (CHC). “Ese es uno de los motivos por los que nos gustaría reunirnos con el presidente, para poder preguntarlo”.