Entrevistado en el marco de la inauguración de la Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el funcionario sostuvo que este caso está abierto y lo seguirá hasta en tanto todos los responsables de las desapariciones sean llevados ante la justicia.

Comentó que este miércoles en Washington, representantes del Estado mexicano se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dieron cuenta del cumplimiento de cada una de las medidas cautelares dictadas respecto a los normalistas de Ayotzinapa.

Expuso que “informamos en términos de las tareas de búsqueda, en la investigación en cuanto a la atención a las víctimas, particularmente por lo que hace a la atención médica a los heridos”.

Agregó que “comentamos que a partir de la solicitud que tuvimos a partir del pleno del GIEI se solicitó a la CIDH una ampliación del plazo por seis meses, que concluirán a fines de este mes”.

Por ello, dijo, “consideramos que ha llegado el momento para que el GIEI presente sus conclusiones y un documento de recomendaciones que han comentado será propositivo”.

Mencionó que se sabe que serán elementos que servirán para afinar algunos aspectos todavía de las tareas vinculadas con el caso Ayotzinapa, pero también en general respecto a la política pública.

El subsecretario aseguró que se mantendrá la relación con la CIDH sobre el asunto de Ayotzinapa, pues hay medidas cautelares que están y seguirán vigentes, y en la normatividad internacional hay compromisos y obligaciones del Estado mexicano al respecto.

Expuso también que a partir de ese marco legal la Comisión sugerirá los esquemas de seguimiento.

“Naturalmente el Estado mexicano ayer se comprometió a continuar puntualmente con todos los compromisos que hemos asumido con los familiares y representantes a partir de recomendaciones del GIEI, por lo que hace a las tareas de búsqueda, investigación y atención a víctimas” dijo.

Más adelante, resaltó que “hoy tenemos un avance muy importante en la investigación que tiene a casi 120 personas sujetas a proceso y al final será el Poder Judicial, los jueces, quienes determinen la responsabilidad y culpabilidad de las personas indiciadas”.

Asimismo, aclaró que ayer fueron convocados a una sesión en la que se revisó el cumplimiento de las medidas cautelares, pero la interpretación del convenio no fue materia de la reunión y ninguno de los comisionados hicieron referencia a ello.

En ninguna de las preguntas, precisó el funcionario federal, hubo referencia a la interpretación, ya que a los comisionados les preocupan dos cosas, por un lado el curso de la investigación, y por el otro cuáles son los pasos que siguen en la siguiente etapa, “esa es la preocupación principal no la interpretación del convenio”.

Comentó que el presidente de la CIDH, James Cavallaro, le planteó sostener una reunión en México con los padres de los normalistas y autoridades mexicanas y le dijo que haría las consultas para resolver sobre la conveniencia de este encuentro.

Manifestó que “hemos avanzado con el GIEI en la información de cómo cerrará su tarea en México, el informe el día 24, las reuniones que se proponen para profundizar en los resultados”.

Campa Cifrián aclaró que el GIEI se diseñó y planteó como un mecanismo no permanente, por lo que luego de más de un año “creemos que llego el tiempo de que el grupo presente sus conclusiones y recomendaciones”.