Con optimismo recibieron dreamers y líderes comunitarios el fallo del juez del Condado Maricopa Arthur Anderson para que los estudiantes de colegios comunitarios paguen tarifas como residentes del estado.
En conferencia de prensa en el Phoenix College los estudiantes agradecieron la decisión de Anderson y calificaron como un paso hacia adelante el fallo anunciado el martes.
El abogado Daniel Ortega, quien representó a los estudiantes en la demanda que presentó el ex procurador general estatal Tom Horne contra el Distrito de Colegios Comunitarios de Maricopa, confió en que las autoridades no apelarán la decision de Anderson.
“Tengo mucha confianza en que se sostenga la decisión. Mi lógica política me dice que no habrá apelación, y aunque así fuera las tarifas para que los estudiantes paguen como residentes se mantendrían por lo menos dos años antes de que las cortes decidan otra cosa”, indicó.
Sobre el análisis que realiza la Mesa Directiva de las universidades de Arizona para determinar si es viable que esas instituciones sigan los pasos de los colegios comunitarios, Ortega dijo que es muy probable que se aplique el mismo criterio.
“A principios de semana la Junta de Regentes analizó la posibilidad de aprobar las tarifas como residentes en las universidades del estado, y después de lo que pasó ayer es muy probable que sigan los pasos de los colegios comunitarios”, indicó.
Por su parte, Alfredo Gutiérrez, representante del Distrito 5 de la Mesa Directiva de los Colegios Comunitarios de Maricopa, exhortó a las universidades a apoyar a los Dreamers.
“Espero que la Mesa Directiva de las universidades tenga la valentía de reconocer que los jóvenes tienen los mismos derechos que cualquier estudiante”.
El ex senador estatal mencionó que desde 2006, año en que fue promulgada la Propuesta 300 que prohibía a los dreamers acceder a prestaciones estatales, hasta 2013, unos 15 mil estudiantes perdieron la oportunidad de continuar sus estudios superiores.
Estos jóvenes han vencido a (Doug) Ducey, a Tom Horne y se han ganado el derecho de seguir en la escuela”.
Acceso a prestaciones públicas
El juez Arthur Anderson determinó que la Propuesta 300 no suprime las prestaciones públicas a los inmigrantes que viven legalmente en el país, tal como cataloga el gobierno federal a los jóvenes a los que ha concedido el amparo frente a la deportación.
“Es la ley federal, no la estatal, la que determina quién se encuentra legalmente en Estados Unidos”, escribió Anderson en su fallo.