Jan Brewer estudió varias opciones antes de sumarse a la demanda liderada por Texas, dijo su vocero, Andrew Wilder. Foto: AP

Phoenix.- Arizona se sumará a los demandantes en un juicio contra las medidas inmigratorias anunciadas recientemente por el presidente Barack Obama, anunció el jueves la gobernadora Jan Brewer.

Texas y otros 16 estados presentaron la demanda el miércoles en la corte federal del distrito sur de Texas. Sostienen que la decisión del presidente de proteger de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes en situación irregular “pisotea” disposiciones cruciales de la Constitución.

Brewer estudió varias opciones antes de sumarse a la demanda liderada por Texas, dijo su vocero, Andrew Wilder.

“La gobernadora Brewer revisó todas las opciones del estado para combatir la amnistía ilegal del presidente Obama para 5 millones de extranjeros ilegales, una de las cuales era sumarse a esta demanda de múltiples estados y otra era que Arizona tomara sus propias medidas legales”, dijo Wilder.

Muchos dirigentes republicanos han denunciado la decisión de Obama. Pero antes de la demanda del miércoles, la única era la del comisario del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien demandó al presidente el mismo día que anunció la medida el mes pasado.

La demanda iniciada por el secretario de Justicia y gobernador electo tejano Greg Abbott alega que Obama no cumple fielmente las leyes aprobadas por el Congreso al intentar modificar las leyes de inmigración. Añade que será costosa para los estados al agravar la crisis humanitaria en la frontera suroccidental.

Brewer calificó las acciones presidenciales de temerarias y anticonstitucionales.

“Por ser un estado fronterizo que sobrelleva el mayor peso del sistema de inmigración quebrantado de nuestra nación, una crisis exacerbada por las medidas inmigratorias temerarias del presidente y su negativa a aplicar la ley, nuestro estado y nuestros ciudadanos están hartos”, dijo Brewer.

La vocera de la Casa Blanca, Brandi Hoffine, dijo el miércoles que las medidas del presidente son legales.

“La Corte Suprema y el Congreso han expresado claramente que las autoridades federales pueden fijar prioridades al aplicar nuestras leyes de inmigración”, dijo Hoffine.