Joe Arpaio se concentró hace una década en imponer el cumplimiento de las leyes inmigratorias a medida que aumentaban las frustraciones por las filtraciones en la frontera con México. Foto: AP
Phoenix.- Mientras las autoridades de Phoenix preparan el presupuesto del próximo año fiscal, enfrentan una inminente carga financiera por los costos legales vinculados al caso de etiquetación racial del jefe de policía Joe Arpaio.
Los contribuyentes ya tendrán que cargar con unos 45 millones de dólares derivada de la demanda interpuesta por las patrullas inmigratorias de Arpaio, y se calcula que el costo aumentará en varios millones de dólares más en los próximos años mientras el condado trata de resolver el caso que ya lleva siete años.
El costo hasta ahora consiste en 14,6 millones de dólares gastados en los últimos 18 meses para llevar a cabo cambios ordenados por la justicia, 23,8 millones presupuestados para el año próximo a fin de cubrir más de esos costos, y 6,8 millones para los abogados en ambas partes.
Los contribuyentes enfrentarán más costos todavía mientras el departamento de Arpaio permanezca bajo supervisión judicial y la posibilidad de otro juicio por etiquetación racial con que tenga que cargar el condado.
El supervisor del condado Steve Gallardo, uno de los funcionarios que tendrá que votar sobre el presupuesto propuesto, dijo que el dinero gastado en el caso puedo haber sido utilizado para mejorar el sistema de control de inundaciones, modernizar el laboratorio de la policía o financiar otros proyectos que carecen de fondos.
“No tenemos idea de lo que va a costar a los contribuyentes”, afirmó Gallardo, crítico de Arpaio.
La oficina del jefe de policía no respondió inmediatamente un pedido de entrevista que se le formuló el martes.
Tom Morrissey, alguacil retirado y amigo de Arpaio, dijo que no podía comentar sobre los costos en nombre del jefe policial, pero afirmó que son inevitables las demandas contra jefes de policía que se dedican enérgicamente a su tarea. “Si no te demandan, es que no estás haciendo tu trabajo”, conjeturó.
Arpaio se concentró hace una década en imponer el cumplimiento de las leyes inmigratorias a medida que aumentaban las frustraciones por las filtraciones en la frontera con México. Pero sus tácticas se convirtieron en una carga legal y financiera cuando un grupo de hispanos le interpuso una demanda colectiva acusando a sus patrullas de individualizar a los hispanos.
El fiscal de distrito Murray Snow llegó hace dos años a la conclusión de que los agentes de Arpaio habían etiquetado sistemáticamente a los hispanos en patrullas regulares y ordenó una serie de cambios judiciales que están costando dinero a los contribuyentes.