Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
Jesús Murillo Karam, procurador general de la República. Foto: Agencia Reforma
El pasado viernes 7 de noviembre, la sociedad mexicana estaba en vilo. Entre comentarios airados y oraciones susurradas el deseo era el mismo: que no se confirmara la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Al filo de las 2 de la tarde, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam dio una conferencia de prensa en la que daba por confirmada –prácticamente– la muerte de los estudiantes.
Institucional y desganado aseguró que se habían encontrado, con base en los testimonios y las investigaciones recabadas, evidencias que apuntaban al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula, Guerrero (municipio contiguo de Iguala, donde se perpetró el ataque y desaparición de los 43 normalistas).
Sin embargo, durante los poco más de veinte minutos que duró su conferencia –en la cual mostró las evidencias recabadas por la dependencia, así como algunos videos con los interrogatorios que se hicieron a tres personas, quienes confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que fueron entregadas por la Policía Municipal de Cocula, presumiblemente los normalistas–, Murillo Karam repitió redundantemente que lo mostrado se trataba sólo de los avances de una investigación que aún continúa y que los estudiantes seguían, hasta el momento, siendo considerados como desaparecidos.
El reportero Gustavo Castillo, del diario La Jornada, le pidió claridad al procurador. “¿Ustedes ya están asegurando que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados”.
No, respondió Murillo. “Nosotros estamos asegurando que el grupo de personas que se detuvieron; que se trasladaron; que se llevaron a ese lugar, se incineraron, se quemaron, y después se tiraron al río, forman parte de los hechos sucedidos en Iguala. Para poder determinar que son los estudiantes, necesito acumular las formas de identificación que puedan darse”.
Pasadas las 4 de la tarde, desde la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, los padres de los estudiantes respondieron a las declaraciones de Murillo. Su respuesta mostró su furia, fue contundente y más clara que la del procurador: “No aceptamos la hipótesis de la PGR. (…) No aceptamos esa declaración porque incluso él (Murillo Karam) dijo que no tiene la certeza. (…) No existen pruebas irrefutables de que los restos encontrados sean los de nuestros hijos, por lo que continuaremos en la búsqueda. (…) De manera descarada y cruel el que el (procurador) diga que son los jóvenes, sin prueba, es una manera para seguir torturando a los padres. (…) Exigimos que intervengan los organismos internacionales ya que nos dimos cuenta que nuestro país ha sido rebasado. (…) El hecho de que se vaya de viaje, demuestra la irresponsabilidad del presidente de México”.
La dura reacción de los padres era de esperarse ante un gobierno federal que no cambiado su estrategia, sólo tratado de administrar de la manera que cree conveniente una crisis que le explotó en la cara. Y mientras que el caso más grave de desapariciones forzadas en América Latina desde Tlatelolco en 1968, según Human Rights Watch, continúa su lamentable avance, el pueblo mexicano pone a prueba su paciencia, la cual se percibe al borde del colapso.