El presidente, Mariano Rajoy, dijo que la consulta tal y como está planteada “atenta gravemente contra el derecho de todos los españoles”, pero dejó la puerta abierta a una reforma constitucional que recoja las aspiraciones de mayor autonomía en Cataluña.

“No hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país”, dijo Rajoy tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. “Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero”.

“Todo el diálogo dentro de la ley, pero ninguno fuera de la ley”, añadió.

El gobierno, que cuenta con el respaldo del opositor Partido Socialista, planteó dos recursos de anticonstitucionalidad. El primero busca anular el decreto de convocatoria del referendo, firmado el sábado por el presidente catalán Artur Mas. El segundo es contra la ley autonómica que lo ampara. Si el Constitucional admite a trámite los recursos en los próximos días, tal y como se prevé, la consulta quedará automáticamente suspendida.

Mas ha dicho en reiteradas ocasiones que cumplirá la ley, pero también que se votará el 9 de noviembre. Si Cataluña decide sacar las urnas a la calle pese a una prohibición expresa del Alto Tribunal español, el Estado puede incluso suspender la autonomía catalana. Un escenario que Rajoy no quiso valorar.

“No contemplo un escenario distinto de que el señor presidente de la Generalitat cumpla ley”, afirmó.

El gobierno catalán ya ha empezado a publicitar el plebiscito entre los 5 millones de votantes llamados teóricamente a participar. La consulta catalana, a diferencia de la celebrada recientemente en Escocia, plantea una doble pregunta. La primera sería “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?”, sin especificar qué tipo o si dentro o fuera de España. Solo la respuesta afirmativa permitiría contestar un segundo interrogante: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente?”.

Rajoy advirtió de la fractura social generada por este proceso, que se ha precipitado en poco más de un año y siempre sin acuerdo con Madrid.

“Cataluña lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados que ha desplegado sin pausa y pretende que el gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir”, afirmó.

Una amplia mayoría de catalanes apoya la celebración de un referendo, pero las encuestas reflejan un empate entre los que quieren la independencia y los que desean permanecer en España. El porcentaje de apoyo se reduce si la eventual independencia conllevara la salida de la Unión Europea, tal y como ha advertido Bruselas que ocurrirá.