Mark Brnovich, procurador de Justicia de Arizona. Foto: AP

El Procurador General de Arizona, Mark Brnovich anunció que está apelando una decisión judicial que permite a los jóvenes indocumentados llegados en la infancia, mejor conocidos como Dreamers, pagar una matrícula como residentes del estado en los colegios comunitarios de Maricopa.

El fiscal presentó el mes pasado un recurso en una decisión separada que concedió a estos jóvenes inmigrantes licencias de conducir de Arizona.

Desde 2012, el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Maricopa ha permitido que los soñadores beneficiados con la acción diferida paguen la matrícula estatal.

El ex procurador estatal, Tom Horne había demandado la política del distrito universitario, argumentando que violaba una ley aprobada por los votantes que niega la matrícula estatal a los inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, un juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa confirmó la política del distrito de la universidad.

Ahora Brnovich  está llevando el caso a la Corte de Apelaciones de Arizona.

Al respecto, la Coalición de Soñadores de Arizona reaccionó con la siguiente declaración: “Se esperaba la decisión de apelar la matrícula estatal para los soñadores por parte del Fiscal General Brnovich  pero viene con una extrema decepción.

“En mayo, el juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa Arthur Anderson ordenó que los soñadores que califican para el Programa de Acción Diferida son elegibles para la matrícula estatal en las universidades del Estado de Arizona y colegios comunitarios. El Juez Anderson también declaró que la ley federal, no la ley estatal, determina quién está legalmente en los Estados Unidos”.

“Es hora de que el gobernador Doug Ducey y el procurador general Brnovich dejen la retórica anti-inmigrante y anti-soñadores. Esta última acción continúa el enfoque reivindicativo de los funcionarios del Estado de Arizona y su voluntad de negar a los soñadores la capacidad de contribuir al bien de todos en el estado, con el fin de complacer a las actitudes anti-inmigrantes”.

“Tal como se ve en el litigio licencia de conducir, los tribunales han encontrado que la decisión de permitir la matrícula estatal era claramente correcta”.

“Estas tácticas de intimidación no tienen cabida en nuestra comunidad tenemos la certeza de que los tribunales estarán de nuestro lado”, concluye.