La Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco ratificó la mayor parte del fallo de un tribunal de menor instancia. Sin embargo, turnó nuevamente el caso a una corte federal en Tucson, cuyo juez decidirá si la prohibición fue decretada con propósitos discriminatorios, lo que infringe la Constitución federal.

Los abogados de los estudiantes dijeron que la nueva decisión era un triunfo porque brinda a los inconformes una nueva oportunidad de presentarse ante un juez y exponer su caso sobre un punto crucial en su argumento.

Un portavoz de la oficina del procurador general de Arizona dijo que la agencia continuaba revisando el fallo y que no haría declaraciones de inmediato sobre el particular.

La Legislatura de Arizona dio luz verde a esa prohibición en la misma sesión en la que los legisladores aprobaron la histórica ley de inmigración conocida como SB1070.

La ley que puso fin al popular programa de estudios mexicano-estadounidenses en el Distrito Escolar Unificado de Tucson suscitó protestas entre los estudiantes que se beneficiaban de los cursos. La mayoría de los alumnos del distrito son hispanos. El programa les enseñaba acontecimientos históricos relacionados con la experiencia mexicano-estadounidense, como sus raíces indígenas y la Revolución Mexicana.

La ley prohibió aquellos cursos que promovieran el resentimiento hacia una raza o un tipo de personas, que estuvieran diseñados principalmente para personas de un grupo étnico particular o fomentaran la solidaridad étnica en lugar del trato de individuos entre las personas.

Un abogado de los estudiantes que demandaron al estado por la ley dijo en enero en un tribunal que la prohibición fue decretada con propósitos discriminatorios y debía ser derogada. La abogada del estado, Leslie Kyman Cooper, refutó que tuviera fines discriminatorios y afirmó que la ley tuvo como propósito poner fin a una enseñanza divisiva y segregada.