El juez del distrito de Estados Unidos Murray Snow afirmó que Arpaio pretendía alegar que Snow y el Departamento de Justicia de Estados Unidos conspiraban en su contra en dos casos sobre derechos civiles. El objetivo del comisario de desacreditar al juez no está claro, pero Snow asestó algunos de los golpes legales más duros en los 22 años de mandato del comisario, incluyendo un veredicto de que sus agentes discriminaron a personas latinas.

Los documentos proporcionados por la oficina del jefe de policía muestran que el cuerpo intentó seguir la pista de las llamadas entre el tribunal y funcionarios del Departamento de Justicia. Además, Snow señaló que los documentos sugieren que la oficina de Arpaio pensaba que alguien había manipulado el proceso de seleccionar un juez para el caso de discriminación, a pesar de que los magistrados se eligen de forma aleatoria.

“La mera existencia de estos documentos en los archivos de la oficina del sheriff del condado de Maricopa causa preocupación”, dijo Snow, que describió la teoría de que la oficina del comisario está siendo perseguida como “falsa”.

La investigación de la policía se descubrió hace tres semanas, cuando Arpaio testificaba en una vista por desacato sobre su incumplimiento de órdenes judiciales en un caso de caracterización racial que perdió el comisario en mayo de 2013.

Hace casi dos años, Snow determinó que la oficina del jefe de policía de Maricopa había perseguido de forma sistemática a personas latinas durante sus paradas rutinarias de tráfico y patrullas de inmigración. Arpaio rechaza de plano que sus agentes discriminaran a la gente por su raza, pero admite que dejó que sus agentes realizaran patrullas de inmigración durante 18 meses después de que se le ordenara suspenderlas.

En su testimonio del 23 de abril, Arpaio hizo la llamativa admisión de que su oficina había contratado a un investigador privado para que se centrara en la esposa del juez. El comisario también dijo que su oficina había empleado a un informante confidencial en la zona de Seattle para investigar si había registros de llamadas y correos electrónicos de jueces locales y abogados que defendieron al jefe de policía en otra demanda distinta por derechos civiles dirigida por el Departamento de Justicia.

La vista por desacato podría suponer multas de carácter civil para Arpaio, un aumento de la supervisión de su agencia y un posible proceso penal por desacato que podría exponerle a penas de prisión.

Por su parte el Departamento de Justicia alega en su demanda sobre derechos civiles aún pendiente que la oficina del jefe de policía realizó caracterización racial, tomó represalias contra sus detractores y castigó a presos latinos con conocimiento escaso del inglés por hablar en español. El comisario rechaza los cargos.

Además, en el proceso judicial se revelaron nuevos detalles sobre la decisión de su oficina de contratar a un investigador privado para examinar unos supuestos comentarios de la esposa del juez.