Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.

La fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, tendrá consecuencias en la política interna y externa. Foto: AP

La fuga del hombre calificado en Estados Unidos como el capo más poderoso de la droga, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, de un penal de alta seguridad el sábado en México, fue un grave golpe a la actual administración del presidente priísta, Enrique Peña Nieto. Uno cuyas secuelas podrían llegar tan lejos como el 2018.

De manera inmediata, el inverosímil segundo escape de El Chapo Guzmán pone en evidencia que la corrupción se ha metastatizado dentro de las instituciones de seguridad y penitenciarias de México. No hay manera de que un plan de fuga tan desafiante haya tenido éxito sin la colaboración de altos mandos dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La proeza de ingeniería que representó el túnel de aproximadamente un kilómetro y medio –con una precisión milimétrica, los constructores lograron obrar una sofisticada vía de escape que incluía iluminación, sistema de ventilación y una motocicleta montada sobre rieles, que conectaba una casa aislada en la pradera con las regaderas usadas por Guzmán dentro del penal–no sólo hace palidecer a las obras de infraestructura de las actuales administraciones federal y estatales, debido a su eficiencia y rapidez, sino que avergüenza a los funcionarios que se jactaron de que lo impensable, la fuga de El Chapo, jamás ocurriría

En febrero del 2014, después de la detención de Guzmán Loera, el presidente Peña Nieto advirtió durante una entrevista a León Krauze, transmitida por la cadena Univisión, que sería “imperdonable” que El Chapo volviera a fugarse y dijo que el gobierno federal tomaría las precauciones necesarias para evitar que eso pasara.

Asimismo, afirmó en ese entonces que la permanencia de Guzmán Loera dentro del penal era “algo en lo que he insistido todos los días al titular de gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong)”.

“¿Lo tienes bien vigilado y estás seguro?”, preguntó el presidente a Osorio Chong, según su propio relato a Krauze. “Porque evidentemente es una responsabilidad que hoy tiene a cuestas el gobierno de la República”, estimó en ese entonces.

En una entrevista concedida a la Associated Press por esas mismas fechas, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam aseguró de manera sarcástica, respecto de la posible extradición de Guzmán a Estados Unidos, que lo haría en “unos 300 o 400 años”, una vez que el capo cumpliera con su condena. Además, aclaró en la entrevista que el procedimiento de extradición es apropiado cuando existen cuestiones de seguridad que lo ameritan o por peligro de fuga, algo que, aseveró con la seguridad del habla que lo caracteriza, “no existe”.

La ironía no pudo ser mayor; El Chapo duró menos de 17 meses en el penal del Altiplano y Murillo Karam ya no es el titular de la Procuraduría General de la República.

Falta ver qué tan imperdonable será el escape de Guzmán Loera para aquellos responsables de que, según órdenes del presidente Peña Nieto, permaneciera encerrado, léase Miguel Ángel Osorio Chong.

Sin embargo, más allá del ridículo inmediato, el hecho muy probablemente le va a cobrar al gobierno federal una factura muy elevada, tanto en la política interna como en la exterior.

En el plano internacional, el hecho muy seguramente generará que las de por sí tensas relaciones con las dependencias de seguridad estadounidenses –como la DEA y el FBI, la cual han asistido a sus contrapartes mexicanas en labores de inteligencia para atrapar a algunos de los llamados objetivos prioritarios de este gobierno– lleguen a un punto de mayor fricción.

Además, la labor de Peña Nieto de atraer inversión extranjera a México –presunta razón de su actual gira por Francia– será prácticamente inútil ante la perspectiva de que lidera una nación en la que predomina la corrupción y la impunidad.

Al interior, los partidos de oposición capitalizarán políticamente con este nuevo fracaso del peñismo –sobre todo tras la decisión del ejecutivo federal de permanecer en gira en Francia y no regresar a resolver la fuga del ahora hombre más buscado en México–, además de que muy probablemente veamos nuevos cambios en su gabinete en el segundo trienio de su periodo presidencial, un hecho que podría verse traducido en mayor inestabilidad en la administración.

Finalmente, todo esto queda atrás ante el hecho que la fuga del sexenio lastimó una vez más, y quizás de manera permanente, la confianza ciudadana en las instituciones.