Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública de México. Foto: Notimex
La semana pasada, el miércoles 17 de junio para ser precisos, durante un desayuno con integrantes de la organización Empresarios por la Educación Básica, el secretario de Educación Pública de México, Emilio Chuayffet Chemor, aseguró estoico, con esa capacidad retórica que siempre lo ha caracterizado, que la evaluación docente se aplicaría a todos los profesores del país “llueva o truene”.
El 29 de mayo, 19 días antes, la dependencia a cargo de Chuayffet emitió un parco comunicado de justamente 47 palabras en el que se lee “La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública informa:
“Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.
Cualquiera en sus sanos cabales diría que tal cambio de juicio es de bipolares.
La realidad es que la bipolaridad del gobierno mexicano no proviene de la locura –o al menos es lo que todos queremos pensar– sino de una habilísima (ellos creen) maniobra política que tendría el fin de confundir al movimiento magisterial y permitir el desarrollo de las elecciones el pasado domingo 7 de junio.
El objetivo se logró, tenemos que reconocerlo. Los comicios se realizaron sin los contratiempos que se esperaban y hoy en día, los consejeros del Instituto Nacional Electoral lo celebran.
Sin embargo, la “habilísima” maniobra hoy ha puesto una vez más en tela de juicio la credibilidad del gobierno federal y sus instituciones.
Casi tan pronto como la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de la evaluación de los docentes, asociaciones de la sociedad civil, así como los partidos de la oposición (principalmente el PAN) exigieron la renuncia de Chuayffet, no sin que antes pasara comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El 4 de junio, la organización Mexicanos Primero interpuso una demanda de amparo en contra del secretario de Educación Pública y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, por la decisión de suspender indefinidamente la evaluación docente, según reportó ese día el diario El Economista.
Incluso el mismo 17 de junio, horas después de que Chuayffet Chemor hubiera anunciado que la evaluación docente era un hecho, los legisladores de la oposición aún no estaban convencidos acerca de las intensiones de la SEP y aprobaron que su titular se presentara a comparecer ante la Comisión Permanente esta semana (el martes 23).
El juego tampoco le pareció nada gracioso a la disidencia magisterial la cual respondió ayer retadora al evitar la realización de la evaluación docente en los estados de Michoacán y Oaxaca. Efraín Picasso Pérez, representante de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dijo: “En Oaxaca, ni llovió ni tronó y la evaluación no pasó”, en clara alusión a las declaraciones de Chuayffet.
La SEP reconoció que 17% de los docentes no se presentaron a los exámenes de oposición para lograr un puedo dentro de la estructura de docentes a nivel nacional y la disidencia magisterial ha anunciado que continuará con las acciones en contra.
Dado el escenario, parece que el gobierno federal optó, una vez más, por una solución superficial a un problema profundo y grave. Lo peor es que se encargó de hacerlo público a escala nacional. Su mensaje básicamente fue: “vean como nos cotorreamos a los maestros para salirnos con la nuestra”.
No es precisamente el mejor mensaje cuando la popularidad del presidente se encuentra en los niveles más bajos y cuando el partido en el poder (el PRI) se encuentra también en una de sus peores épocas con una mayoría en la Cámara de Diputados apenas lograda en conjunto de los votos logrados por otros partidos satélites (el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza).
El riesgo que está tomando el presidente Enrique Peña Nieto con este tipo de mensajes no resulta el indicado a largo plazo, en materia de imagen pública ante una sociedad cada vez más activa en inquisitiva. A tal grado que para el 2018 se podría convertir en una piedra más, una bastante grande, en el zapato de un gobierno que de por sí ya es rengo.