Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.

Enrique Peña Nieto calificó el anuncio de la Acción Ejecutiva como “un acto de justicia que valora las aportaciones de millones de mexicanos” al desarrollo de Estados Unidos. Foto: Agencia Reforma

El anuncio de las tres acciones ejecutivas migratorias, hecho el pasado jueves 20 en la noche por el presidente Barack Obama, fue recibido con júbilo por un gran sector de la población migrante en Estados Unidos –los cerca de cinco millones que se verían beneficiados directamente– y como desafío por parte de varios líderes republicanos.

Al sur de la frontera, el manifiesto de Obama también tuvo reacciones. Según el diario El Universal, en México, el presidente Enrique Peña Nieto calificó el anuncio como “un acto de justicia que valora las aportaciones de millones de mexicanos” al desarrollo de Estados Unidos. En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina agradeció a la administración de Obama las medidas que regularizarían la situación migratoria de “miles” de familias guatemaltecas que viven en el país. Y en El Salvador y Honduras, los gobiernos también mostraron beneplácito en las eventuales acciones.

Sin embargo, más que un avance, el discurso de Obama representó un espasmo en la agenda migratoria del mandatario, estancada prácticamente desde su concepción. Un espasmo que se convertirá en argumentos políticos futuros –para el Congreso y la Casa Blanca– y que deja un conflicto sin respuesta, incluso para los países que alabaron la decisión del presidente estadounidense.

Como ninguna otra administración, la de Obama ha manejado cifras record en la deportación de personas que permanecen ilegalmente en Estados Unidos. Tan sólo en el 2013 se expulsó del país a 438 mil inmigrantes, según una infografía del diario The Washington Post. Otro cambio en el flujo migratorio hacia Estados Unidos en los últimos ocho años es la disminución en ingresos ilegales a través de la frontera sur, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew.

Entre las consecuencias de esta modificación al flujo migratorio, está la lamentable crisis humanitaria que significa el incremento de menores centroamericanos sin acompañantes asegurados en México, la mayoría de los cuales huyen de la precariedad y violencia que impera en sus países de origen: Guatemala, El Salvador y Honduras.

De acuerdo con un reporte de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a septiembre de este año, 17 mil 322 menores de edad fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración por no poder acreditar su situación migratoria. Esta cifra es alarmantemente mayor a la registrada en los últimos cuatro años (del 2010 al 2013). El año pasado, el total de menores consignados fue de 9 mil 630; en el 2012 fueron 6 mil 107; en el 2011, 4 mil 160; y en el 2010, 4 mil 43.

Sin tomar en cuenta que en Estados Unidos alrededor de seis millones de personas –de un aproximado de 11.3 millones– en condición migratoria irregular serán sujetas a una posible y eventual deportación, la crisis de los menores es un hecho que aleja por mucho las acciones presidenciales de Obama de ser catalogadas como un éxito.

Esto, mas el riesgo de que un Congreso de mayoría republicana en ambas cámaras derribe la acción ejecutiva tan pronto arranque la nueva legislatura el año entrante, presenta al esfuerzo de Obama como un simple paliativo ante un problema que quizás resultó demasiado grande para la buena intensión del presidente.